L.V.- El presidente de la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE), Eduardo Bautista, ha dicho esta mañana en un chat con internautas en la web de la entidad que su sueldo actual es de 250.000 euros en 14 pagas y que se jubilará con el 60 por ciento de lo que cobre el día de su retiro definitivo.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propondrá en la sesión plenaria que celebrará el próximo jueves una medida novedosa en el mundo de la judicatura, basada en conceder un “cuatrimestre sabático” a los jueces que hayan prestado 10 años de servicios efectivos y quieran acogerse a este permiso.
El Ministerio de Fomento se gastará otros 230.000 euros en pegatinas con la limitación de 120 km/h para pegarlas encima de las otras pegatinas con la limitación de 110 km/h que hace cuatro meses colocó en las señales de autopista y autovía, debido a la dificultad de retirar la limitación transitoria que colocó con motivo del aumento del precio del petróleo.
Luto nacional:
Toxo escribió el 22/6/11 en El País un artículo que os aconsejo y que podeis ver aquí. Del artículo os quiero destacar este extracto y por cierto, yo también quiero más Europa así. Más Europa es construir los instrumentos necesarios para cambiar el modelo económico en torno a dos paradigmas: la economía del conocimiento y la economía verde (con una “transición justa”); la productividad y la competitividad saldrán así sólidamente reforzadas.
Más Europa significa afrontar la crisis de las deudas soberanas de forma radicalmente distinta: con eficacia y desde la solidaridad, mediante instrumentos como la emisión de eurobonos y otros más de regulación financiera que hagan que los mercados sean gobernados desde el interés público por los Gobiernos y no al revés, como sucede ahora. La creación de un impuesto a las transacciones financieras y la erradicación de los paraísos fiscales deberían ser medidas fundamentales de cualquier nueva regulación financiera.
Más Europa significa aumentar los presupuestos de la UE con impuestos y tasas propias. Más Europa significa necesariamente adoptar políticas sociales que preserven y refuercen el modelo social europeo, basado en servicios públicos y prestaciones sociales de calidad.
Lo que parecen no comprender la mayoría de los políticos europeos, que aplican las políticas más conservadoras y neoliberales, como si fueran las únicas posibles, es que deteriorando el pilar social de la UE están minando todo el proyecto político europeo.
Más Europa significa revitalizar un diálogo social europeo, hoy casi moribundo, empezando sobre el modo de hacer frente a los serios problemas fiscales de los Estados con medidas que permitan salir de la crisis.
A partir de ahora De la Vega pasará de ingresar 73.486 euros brutos anuales a alcanzar los 142.367. Esta sustancial mejora en las retribuciones de la ex política es consecuencia de que durante dos años percibirá dos sueldos: 83.578 euros como miembro del Consejo de Estado y el 80% de su salario como vicepresidenta del Gobierno, como indemnización por haber cesado en el cargo (58.789 euros).
En términos comparativos, la retirada de la política proporcionará a De la Vega 18 veces la pensión mínima, que es actualmente de 7.744 euros.
Prorrateando las pagas extraordinarias a 12 meses, la socialista ingresará 11.803 euros mensuales, mientras que quienes reciben la pensión mínima sólo alcanzan los 645 euros.
Además, y de cara al futuro, la ex vicepresidenta ha conseguido, mediante su nuevo cargo en el Consejo de Estado, que su sueldo sea, para el resto de su vida, 10 veces superior al de quienes cobran la pensión mínima en España y más del doble de quienes cobran el máximo establecido por la ley.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla ha emitido un auto en el que acuerda la suspensión cautelar de la incorporación del personal laboral de la Empresa Gestión Medioambiental (Egmasa) a la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, después de que varias asociaciones recurrieran la resolución de la Secretaria General para la Administración Pública, en este caso la Junta de Andalucía, por la que se aprueba el protocolo de integración de personal en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
El auto, recogido por Europa Press, señala que la suspensión cautelar es "exclusiva" para la regla primera del protocolo, 'Incorporación del personal laboral de la Empresa Gestión Medioambiental S.A. (Egmasa)'. En el mismo, el juez señala que el protocolo recurrido por varias asociaciones de empleados públicos tiene como finalidad integrar el personal laboral de Egmasa en la nueva agencia, un proceso que la parte recurrente considera que "vulnera los derechos fundamentales a la igualdad en el acceso a las funciones públicas", por lo que pedían su suspensión.
El recurso, interpuesto por casi 5.000 empleados públicos, que se engloba en las asociaciones Ál-Andalus y Defiendo mi Derecho, según adelanta en la edición de este martes el diario El Mundo, se deriva de la aprobación de la Ley de Reordenación del Sector Público de la Junta de Andalucía.
El protocolo establece, con arreglo a las condiciones de integración establecidas, que los trabajadores de Egmasa, para cuyo acceso no superaron ninguna prueba de acceso presidida por los principios de igualdad, capacidad, mérito y publicidad, se integrarán en la nueva Agencia, es decir, en la Administración pública, según explica el juez en el desarrollo del primer razonamiento jurídico, la apariencia de buen derecho.
La parte recurrente, defendida por el bufete de abogados de Córdoba Mariano Aguayo, cree que dichos trabajadores pasarán a ser "empleados públicos" y apuntan que este cambio es "contraria no solo a la legislación estatal vigente del Estatuto Básico del Empleado Público, sino al derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad", toda vez que, según indica el juez Luis Alfredo de Diego y Díez, la mentada "integración" automática en la Administración andaluza se lleva a cabo "sin procedimiento público alguno que garantice el acceso en condiciones de igualdad, con total desprecio a los principios antes citados".
En este sentido, el juez indica que el planteamiento de la parte recurrente, "examinado bajo el prisma de la simple probabilidad de éxito, no es descartable", añadiendo que "las denuncias sobre 'funcionarización' encubierta de los trabajadores de Egmasa no pueden tener más acogida en esta sede que la de su razonable probabilidad".
El sistema, según indica el auto, "en principio, obvia por completo cualquiera de los controles de acceso al empleo público determinados legal y constitucionalmente, pues al fin y al cabo, el protocolo convierte en empleados públicos a quienes fueron contratados por instituciones privadas de capital público sin sujección a las exigencias y garantías previas a ocupar un puesto en la Administración pública". "De apariencia, resulta evidente y clara", añade.
Por otro lado, frente a las referencias a la falta de legitimación de los actores recurrentes realizados por la letrada de la Junta, el juez señala que a la vista de los particulares que transcriben la demanda "no puede descartarse su legitimación", pues en sus estatutos asociativos contemplan la defensa de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad como "único modelo para el acceso al ejercicio de funciones públicas". De igual modo, los funcionarios públicos de la Junta que acompañan la demanda.
En referencia al segundo razonamiento jurídico, el peligro de ineficiencia por retardo en la resolución, el juez señala que "la natural demora en la decisión definitiva de este asunto puede dar al traste con la tutela judicial en caso de que la sentencia fuera estimatoria".
LA INTEGRACIÓN HARÍA "COMPLEJO" VOLVER ATRÁS
El juzgado, en este sentido, asume "plenamente" las argumentaciones de la parte recurrente en relación a la integración material y efectiva en la Administración de los trabajadores de Egmasa. "De consolidarse la integración regulada en el protocolo impugnado, sería extraordinariamente complejo, si no imposible, retrotraer la situación, en la que la maraña de derechos y terceros de buena fe implicados provocarían una muy difícil ejecución de sentencia".
Por otro lado, el juez resalta que estos razonamientos sobre apariencia de buen derecho y peligro por el retardo procesal solo pueden afectar a la regla primera del protocolo y "no al resto del mismo". Además, afirma que "no puede compartir la catastrófica situación que, en relación a la lucha contra incendios, describe la letrada de la Junta en caso de suspensión", ya que es ésta quien ha dado los paso para llegar a esta situación y quien debe asumir la solución hasta una resolución definitiva.
Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junioTexto íntegro de la valoración de CCOO y UGT
En rueda de prensa en Génova tras la reunión del Comité de Dirección del partido, González Pons ha alertado de que están surgiendo "noticias oficiosas y alguna oficial" que anticipan "una gravísima caída en los ingresos del Estado" y que, sumadas a la necesidad de "cumplir los objetivos de déficit", hace temer al PP que el jefe del Ejecutivo está "planeando nuevos recortes sociales". "Como le conocemos ya, seguramente está trabajando ya en nuevos recortes sociales para los próximos presupuestos", ha afirmado.
El responsable de Comunicación del PP ha expresado la "profunda preocupación" del partido por la situación de la economía española, que es "la situación real en la que se encuentran todas y cada una de las familias españolas", y ha pedido al Gobierno que "sea muy responsable por las decisiones que tenga que tomar en los próximos días" porque "pueden afectarnos gravemente a todos".
DECLARACIONES DEL COMISARIO EUROPEO
En concreto, ha señalado su preocupación por la prima de riesgo, que "ha subido nueve puntos de viernes a lunes", y se ha referido a las palabras del comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, quien ha expresado su temor porque la crisis griega se contagie a otros países, entre ellos, según González Pons también España, y ha hecho un "llamamiento" al Gobierno para que sea "responsable".
Además, ha dicho que los 'populares' están preocupados porque las previsiones de crecimiento que se están conociendo en los últimos días "no permiten augurar que vaya a crearse empleo" y se ha preguntado "para qué sirven unos presupuestos" si no generan puestos de trabajo.
En general, González Pons ha defendido que si el Gobierno de Rodríguez Zapatero no ha sido "capaz" de hacer unos presupuestos "que sacaran a España de la crisis" en 2009, 2010 y 2011, tampoco va a poder hacerlo en 2012. Además, se ha preguntado "quién va a apoyarlos" en estas condiciones "de extrema debilidad y extrema agonía política" si no es "para aprovecharse de ese Gobierno débil y final".
Por todo ello, ha instado al Gobierno a convocar elecciones anticipadas para permitir que llegue "un gobierno que tenga la economía española como prioridad y que sea especialista en hacer las cosas bien en materia económica". "Si no puede arreglar las cosas de la economía, del empleo, la situación económica de los españoles, por lo menos que no las estropee más", ha remachado.
"Se va a poner sobre la mesa todo lo relativo a Extremadura y las decisiones que hubiera que adoptar", ha anunciado el coordinador federal durante una rueda de prensa en la sede federal de cara a la reunión de la Presidencia Ejecutiva, que es el máximo órgano ejecutivo de la coalición.
Preguntado por la posible expulsión de la federación extremeña, Lara ha considerado que era "una palabra muy fuerte" al tiempo que ha rechazado ofrecer una respuesta a la espera de dicha reunión, como también se ha negado a adelantar cuál va a ser la postura que va a defender en la misma, para no "condicionar" la opinión de los miembros de dicho órgano.
Lara ha asegurado que la decisión de la federación extremeña "está fuera de la política federal de IU", que sigue siendo, ha reafirmado, la aprobada por el Consejo Político Federal: "que no se dejaría pasar a la derecha ni las políticas de derechas".
"IU se ha comprometido con hacer girar la política hacia la izquierda en Extremadura y en toda España, porque consideramos que hay políticas conservadoras; yo pienso que no se gira a la izquierda permitiendo gobiernos del PP, que está en las antípodas ideológicas de IU", ha manifestado.
Por otro lado, ha defendido que IU es una organización "plenamente democrática", en lo que respecta al proceso de consulta a las bases que se ha producido en Extremadura, pero ha calificado como "líneas rojas" los compromisos adquiridos por la federación extremeña con los órganos federales.
Asimismo, ha asegurado que los "límites" de una organización federal están cuando se afecta a las demás federaciones, y ha destacado que el cumplimiento de los acuerdos federales sirven "para que los ciudadanos tengan seguridad política y jurídica".
En este sentido, ha reconocido que los ciudadanos que hayan escuchado el discurso de IU durante la campaña electoral pueden estar "preocupados" y "pensando que no se ha cumplido con la palabra dada a los electores".
Sin embargo, ha considerado que "todo está abierto" hasta que se realice la investidura en la Junta de Extremadura, que previsiblemente será a finales de la semana que viene, por lo que no ha descartado que los tres diputados extremeños de IU opten por otra postura distinta a la abstención en el momento de la votación.
DESCARTA DIMITIR
Por otra parte, ha descartado dimitir, ya que, a su entender, ha cumplido con la responsabilidad del coordinador federal de trasladar a la población lo que aprueban los órganos de decisión de IU. "Si este coordinador no hubiera defendido la posición federal que ha venido defendiendo en la precampaña electoral y en la campaña electoral en todos los territorios del Estado, tenía que haber puesto su cargo a disposición", ha declarado.
"Si no lo hubiera hecho, sí tenía que haber puesto mi cargo a disposición y decir por tanto que he violado los acuerdos del Consejo Político Federal; pero este coordinador ha trasladado a la opinión publica y va a continuar trasladando la política emanada de este órgano", ha agregado.
El coordinador federal de IU ha vuelto a acusar al Partido Socialista de lanzar "la ofensiva de la pinza" a través de los medios de comunicación, y ha asegurado que "la gran tenaza" es la ley electoral, que "roba" votos a IU y que va a permitir, ha vaticinado, que el PP tenga mayoría absoluta en el Parlamento sin tener mayoría absoluta de votos.
