Como todos los años por esta época, llegan las entrañables fiestas navideñas, con regalos para todos o para todo aquel que pueda permitírselo en esta brutal crisis que se está llevando por delante a todo bicho viviente, cebándose especialmente en el más débil, como siempre sucede. Y la Administración no es ajena a ello.
Es por ello que ahora toca repartir las gratificaciones de fin de año, también llamadas “bufandas” (las del verano se llaman “pareos”). Cual sorteo de Navidad, algunos agraciados son recompensados por los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. Al menos es lo que dicen la Leyes de Presupuestos Generales del Estado que anualmente son aprobadas por las Cortes Generales, y en donde, entre otras numerosísimas cuestiones de ámbito económico, se establecen las retribuciones del personal al servicio de las distintas administraciones públicas.
Desgraciadamente no siempre se cumple con la Ley. Porque las retribuciones correspondientes al concepto de gratificaciones, no tienen más publicidad que las que le otorga la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado, en donde aparece el importe global, que para el conjunto de las administraciones públicas supone muchos millones de euros al año (más de 200 millones). Y se trata de un concepto presupuestario que, al igual que el de las productividades (en conjunto se denomina incentivos al rendimiento), no disminuye a pesar de la reducción continua en gastos de personal (capítulo 1). No. Incluso en algunos departamentos u organismos se llega a incrementar.
El caso es que las gratificaciones o “bufandas” suelen ser distribuidas a las mismas personas anualmente y con importes fijos, contraviniendo lo establecido por Ley. Así es. Las administraciones públicas probablemente sean las instituciones que mayor número de veces vulneran la legalidad vigente. Lo hacen con la ciudadanía, con las empresas, cómo no lo van a hacer con sus propios trabajadores.
¿Y quiénes son los encargados del reparto de las gratificaciones? Pues los máximos dirigentes de cada departamento ministerial u organismo público. Altos cargos, presidentes, directores. Y ya se sabe, quien parte y reparte… No quiero decir con esto que no haya centros de trabajo en donde las gratificaciones se establezcan conforme a la Ley o personas perceptoras merecedoras de tal recompensa. Ahora bien, también es de sobra conocido por todos nosotros, los empleados públicos, y especialmente los funcionarios de carrera, que en muchos otros sitios no ocurre así. Porque si así fuera, se daría publicidad a todo el proceso de asignación de gratificaciones y desgraciadamente esta materia suele ser secreto de estado.
Así pues, un año más, asistiremos al oculto reparto de gratificaciones navideñas sin que los empleados públicos conozcamos cuáles son esas personas que han sido premiadas por sus servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral. Lo que debiera ser motivo de orgullo y reconocimiento, se esconde, no vaya a ser que el año próximo no se obtenga. Una de las vergüenzas de los empleados públicos, que no denunciamos semejante procedimiento, no vayamos a resultar perjudicados y no gozar del regalo navideño del dedo que todo lo decide.
Carlos Yebra Matiaci.
