Pasan de la Faffe al SAE miembros de la agrupación sevillana que dirige el diputado Díaz, investigado por los ERE falsos.
Cuatro cargos de la misma ejecutiva del PSOE, en concreto la que dirige el diputado autonómico Ramón Díaz en la capital sevillana, han conseguido el estatus de empleados públicos de la mano de la polémica ley de reordenación del sector público promovida por el Gobierno andaluz.
Aparte de su militancia política —todos ellos ocupan secretarías en la agrupación del distrito hispalense Alcosa-Este-Torreblanca—, tienen en común que accedieron a un contrato en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), adscrita a la Consejería de Empleo, sin necesidad de superar ninguna oposición o concurso.
Tras la reciente disolución de este organismo, incluido dentro de la maraña de fundaciones, agencias y sociedades que componían la llamada «administración paralela» de la Junta, han pasado a integrarse automáticamente, desde el 3 de mayo, en una nueva agencia de régimen especial creada por el Gobierno: la Agencia Servicio Andaluz de Empleo (SAE), junto al resto de funcionarios y personal laboral de la Administración.
Se trata de María Dolores Mateos Sánchez, responsable de Política Municipal y Relaciones Vecinales en la ejecutiva que controla Ramón Díaz; Ramón Díaz Elena, al frente de Formación y Empleo; Florentina González Castilla (Educación) y Casto Márquez Ronchel (Acción Electoral).
Son cuatro de los 1.552 contratados por la Faffe, tal y como avanzó ayer ABC, que se han beneficiado de la «ley del enchufismo» en la Consejería, como la denominan los sindicatos que gozan más respaldo entre los empleados de la Junta dentro de la «cruzada» judicial y social que llevan a cabo para que se retire la reforma. Hasta su trasvase al SAE, la fundación constituía un apéndice externo al sector público y sus trabajadores se regían por el derecho privado.
La relaciones entre la agrupación de Ramón Díaz y la fundación orientada al impulso de programas de formación creada en 2003 van más allá de lo anecdótico. Los cuatro dirigentes de la agrupación socialista son hombres de confianza de Ramón Díaz, sobre quien cada día que pasa se estrecha más el cerco judicial en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) falsos. El juzgado de instrucción número seis de Sevilla y la Fiscalía Anticorrupción han pedido a Empleo que aclare las gestiones que éste hizo como intermediario en la negociación de las prejubilaciones de la empresa Saldauto, donde la Junta halló tres intrusos, beneficiarios de pólizas subvencionadas, con cargo a la polémica partida 31L o «fondo de reptiles», pese a que nunca habían pisado la citada firma.
Díaz Alcaraz actuaba entonces como asesor laboral de la Consejería de Empleo, según ha reconocido él mismo, aunque lo hacía «mediante una asistencia técnica de Faffe», fundación que lo mantenía en nómina.
Curiosamente, en el portal en Internet de la agrupación local socialista de Alcosa-Este-Torreblanca, su secretario general, Ramón Díaz, ofrece su «modesta página web» a los vecinos del distrito sevillano para informarse «de las actuaciones que las Administraciones pretendan en los barrios; de las oportunidades, concursos, formación, empleo, actividades lúdicas, etc.» En efecto, pocos están tan autorizados como los dirigentes de su ejecutiva para ilustrar sobre estos temas. No en vano, casi media dirección tiene su futuro laboral asegurado gracias a la red de la Junta montada en torno a la «formación».
De la Alcaldía de Lebrija a la Faffe
Otro de las beneficiados por el «funcionariazo» de José Antonio Griñán es Antonio Torres García, quien fuera alcalde de la localidad sevillana de Lebrija durante 24 años. Al igual que sus compañeros de partido, el exregidor socialista entró en la mencionada Fundación de Empleo apenas dos semanas después de dejar la Alcaldía, a principios de julio de 2003. Accedió a un contrato en este ente de trabajadores «externos» de la Junta sin oferta laboral previa, según ha podido corroborar ABC. Desde el 3 de mayo, ha pasado a formar parte del nuevo SAE. En su caso está también Carmen Ibanco, la esposa de actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, que trabajaba desde 2007 para la Faffe, como informó ABC.
Fuente: ABC sevilla.
Aparte de su militancia política —todos ellos ocupan secretarías en la agrupación del distrito hispalense Alcosa-Este-Torreblanca—, tienen en común que accedieron a un contrato en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), adscrita a la Consejería de Empleo, sin necesidad de superar ninguna oposición o concurso.
Tras la reciente disolución de este organismo, incluido dentro de la maraña de fundaciones, agencias y sociedades que componían la llamada «administración paralela» de la Junta, han pasado a integrarse automáticamente, desde el 3 de mayo, en una nueva agencia de régimen especial creada por el Gobierno: la Agencia Servicio Andaluz de Empleo (SAE), junto al resto de funcionarios y personal laboral de la Administración.
Se trata de María Dolores Mateos Sánchez, responsable de Política Municipal y Relaciones Vecinales en la ejecutiva que controla Ramón Díaz; Ramón Díaz Elena, al frente de Formación y Empleo; Florentina González Castilla (Educación) y Casto Márquez Ronchel (Acción Electoral).
Son cuatro de los 1.552 contratados por la Faffe, tal y como avanzó ayer ABC, que se han beneficiado de la «ley del enchufismo» en la Consejería, como la denominan los sindicatos que gozan más respaldo entre los empleados de la Junta dentro de la «cruzada» judicial y social que llevan a cabo para que se retire la reforma. Hasta su trasvase al SAE, la fundación constituía un apéndice externo al sector público y sus trabajadores se regían por el derecho privado.
La relaciones entre la agrupación de Ramón Díaz y la fundación orientada al impulso de programas de formación creada en 2003 van más allá de lo anecdótico. Los cuatro dirigentes de la agrupación socialista son hombres de confianza de Ramón Díaz, sobre quien cada día que pasa se estrecha más el cerco judicial en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) falsos. El juzgado de instrucción número seis de Sevilla y la Fiscalía Anticorrupción han pedido a Empleo que aclare las gestiones que éste hizo como intermediario en la negociación de las prejubilaciones de la empresa Saldauto, donde la Junta halló tres intrusos, beneficiarios de pólizas subvencionadas, con cargo a la polémica partida 31L o «fondo de reptiles», pese a que nunca habían pisado la citada firma.
Díaz Alcaraz actuaba entonces como asesor laboral de la Consejería de Empleo, según ha reconocido él mismo, aunque lo hacía «mediante una asistencia técnica de Faffe», fundación que lo mantenía en nómina.
Curiosamente, en el portal en Internet de la agrupación local socialista de Alcosa-Este-Torreblanca, su secretario general, Ramón Díaz, ofrece su «modesta página web» a los vecinos del distrito sevillano para informarse «de las actuaciones que las Administraciones pretendan en los barrios; de las oportunidades, concursos, formación, empleo, actividades lúdicas, etc.» En efecto, pocos están tan autorizados como los dirigentes de su ejecutiva para ilustrar sobre estos temas. No en vano, casi media dirección tiene su futuro laboral asegurado gracias a la red de la Junta montada en torno a la «formación».
De la Alcaldía de Lebrija a la Faffe
Otro de las beneficiados por el «funcionariazo» de José Antonio Griñán es Antonio Torres García, quien fuera alcalde de la localidad sevillana de Lebrija durante 24 años. Al igual que sus compañeros de partido, el exregidor socialista entró en la mencionada Fundación de Empleo apenas dos semanas después de dejar la Alcaldía, a principios de julio de 2003. Accedió a un contrato en este ente de trabajadores «externos» de la Junta sin oferta laboral previa, según ha podido corroborar ABC. Desde el 3 de mayo, ha pasado a formar parte del nuevo SAE. En su caso está también Carmen Ibanco, la esposa de actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, que trabajaba desde 2007 para la Faffe, como informó ABC.
Fuente: ABC sevilla.
