El detonante de esta determinación ha sido, según apunta la organización en un comunicado, la reciente convalidación en el Congreso del Real Decreto por el que se reforma el texto refundido de la Ley de Aguas que reconoce el traspaso a las comunidades autónomas del Dominio Público Hidráulico.
De esta forma, la justificación del voto negativo reside en el, según los regantes, profundo desconocimiento que la Administración Central ha demostrado tener del concepto de Confederación Hidrográfica y de los principios de unidad de cuenca y unidad de gestión que deben inspirar el proceso de planificación hidrológica, el cual debe regirse por unos criterios comunes si quieren evitarse intereses localistas y guerras del agua.
Además, Del Campo añadió que la Federación iniciará en estos días las gestiones necesarias para tratar de hacer extensivo este voto negativo a todos los usuarios implicados en el proceso de planificación, así como a las organizaciones medioambientales y asociaciones agrarias que también se han mostrado beligerantes en estos últimos tiempos, manifestando abiertamente su rechazo a la ruptura del principio de unidad de gestión de cuenca.
Del Campo apuntó que esta posible paralización de los planes de cuenca no sólo conllevaría nuevas sanciones por parte de Bruselas por incumplimiento de los plazos fijados, sino que además impediría la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional pues estos planes no pueden coordinarse de acuerdo a criterios localistas basados en los intereses de aquellos que tienen el agua más cerca.
En este sentido, recordó que existe ya un precedente cuando en 1993 siendo ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de España, Josep Borrell, no pudo sacarse adelante el anteproyecto de ley de Plan Hidrológico Nacional por no contar con el respaldo de los usuarios que se negaron a apoyarlo al no haber sido consensuado con ellos previamente, tal y como marca la ley.
Demanda ante Bruselas
Por otro lado, Andrés del Campo manifestó que la Federación Nacional de Regantes está estudiando la posibilidad de presentar ante la Bruselas una denuncia contra el Gobierno español por atentar contra el espíritu y letra de la Directiva Marco de Aguas (DMA), la cual reconoce el principio de participación de los usuarios en los procesos de planificación y políticas relacionadas con el agua, así como los criterios de gestión por cuencas hidrográficas.
Según Del Campo, "si la Administración no está dispuesta cumplir la Constitución, la Directiva Marco de Aguas y la Ley de Aguas, sometiéndose al principio de legalidad y, en su lugar, actúa saltándose la legislación nacional e internacional para hacer valer las diferentes reformas estatuarias a cualquier precio, estamos destruyendo las bases del Estado de Derecho, y esto es muy grave".
