Cincuenta delegadas y delegados de CCOO, CSIF, UGT y USO están encerrados en la entrada del despacho del Ministro de Trabajo e Inmigración para denunciar la situación del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y exigir soluciones.
El Servicio Público de Empleo Estatal gestiona del orden de once millones de expedientes al año y más de treinta y un mil millones de euros, pero carece de los medios necesarios para llevar adelante esta tarea de una forma adecuada. Sin oficinas propias para ello, sin el personal necesario y sin los medios técnicos que en buena lógica debieran existir, el pago de las prestaciones puede estar claramente comprometido en el corto plazo.
La política de recortes que aplica de forma indiscriminada el Gobierno en la Administración General del Estado está repercutiendo sobre el SPEE de una forma especialmente grave. La acumulación de recortes están impidiendo que este organismo se dote del patrimonio necesario para dar salida a su gestión, de la plantilla mínima para poder garantizar el abono de las prestaciones por desempleo y de las medidas oportunas para evitar que se acentúe el proceso de desertización que sufren todos los centros de trabajo del SPEE en donde las condiciones de trabajo hace tiempo que son insostenibles.
La plantilla ha disminuido en el último año en más de 1.400 personas y los órganos de dirección de la Administración General del Estado, lejos de buscar alternativas para solventar este problema, amenaza con finiquitar a otros 1.550 funcionarias y funcionarios interinos que son vitales para el funcionamiento del organismo.
La plantilla del SPEE ha sufrido en los dos últimos años recortes abusivos que van mucho más allá de la rebaja salarial del 5%, en algunas partidas y en algunos complementos se ha llegado a perder más del 25%. Se han incumplido todos los acuerdos suscritos en el año 2008, que fueron los que permitieron salvar la gestión provocada por la avalancha de personas desempleadas en los dos últimos años. Todo ello está propiciando la huída de personal del organismo que cada día que pasa se descapitaliza de una forma peligrosa en esta parcela.
El organismo ha perdido en los últimos años la propiedad de las 700 oficinas de empleo que antes pertenecían al antiguo INEM y que ahora están bajo el control de las comunidades autónomas. El personal que gestiona las prestaciones no ha sido desalojado de las mismas pero sufre importantes carencias de espacios y medios que también repercuten sobre la población desempleada. Una situación que impide la reconfiguración del organismo y la adaptación a la nueva realidad en la que le toca intervenir.
El sistema de protección por desempleo comienza a fracasar en todos los aspectos, tanto en su cobertura con una rebaja de más del 10% en el último año, la calidad de dicha cobertura sigue descendiendo y el nivel asistencial, el de importes más modestos, alcanza ya al 50% de las personas protegidas.
Si no se corrigen las deficiencias, el próximo trimestre puede producirse un derrumbe completo del débil sistema que garantiza el reconocimiento del derecho y el abono de las prestaciones por desempleo.
Como única solución, el Gobierno ha querido jugar al despiste y plantea en el reciente Real Decreto-Ley 10/2011 la integración en un solo organismo del SPEE y de FOGASA, los dos organismos más depauperados de la Administración del Estado y los que soportan las mayores cargas de trabajo derivadas del intenso proceso de destrucción de empleo que sufrimos en nuestro país. Integración que de realizarse se afrontaría sin corregir ninguno de los graves déficits estructurales que soportan el SPEE o FOGASA.
La decisión solo podemos calificarla de peligrosa ocurrencia sin fundamento, y de intentar darle cuerpo en dichas condiciones, provocará un colapso completo en el pago de todas las prestaciones dirigidas a las personas que pierden un empleo.
La gravedad de la situación del SPEE y la imposibilidad de abordar ningún tipo de proceso de negociación fiable, ha llevado a la representación de los trabajadores y trabajadoras del organismo a realizar un primer encierro en las dependencias del Ministerio de Trabajo e Inmigración con el objetivo de denunciar estas deficiencias y la exigencia de corregirlas.
Cincuenta delegadas y delegados de CCOO, CSIF, UGT y USO están encerrados en la entrada del despacho del Ministro de Trabajo e Inmigración para denunciar la situación del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y exigir soluciones.
La política de recortes que aplica de forma indiscriminada el Gobierno en la Administración General del Estado está repercutiendo sobre el SPEE de una forma especialmente grave. La acumulación de recortes están impidiendo que este organismo se dote del patrimonio necesario para dar salida a su gestión, de la plantilla mínima para poder garantizar el abono de las prestaciones por desempleo y de las medidas oportunas para evitar que se acentúe el proceso de desertización que sufren todos los centros de trabajo del SPEE en donde las condiciones de trabajo hace tiempo que son insostenibles.
La plantilla ha disminuido en el último año en más de 1.400 personas y los órganos de dirección de la Administración General del Estado, lejos de buscar alternativas para solventar este problema, amenaza con finiquitar a otros 1.550 funcionarias y funcionarios interinos que son vitales para el funcionamiento del organismo.
La plantilla del SPEE ha sufrido en los dos últimos años recortes abusivos que van mucho más allá de la rebaja salarial del 5%, en algunas partidas y en algunos complementos se ha llegado a perder más del 25%. Se han incumplido todos los acuerdos suscritos en el año 2008, que fueron los que permitieron salvar la gestión provocada por la avalancha de personas desempleadas en los dos últimos años. Todo ello está propiciando la huída de personal del organismo que cada día que pasa se descapitaliza de una forma peligrosa en esta parcela.
El organismo ha perdido en los últimos años la propiedad de las 700 oficinas de empleo que antes pertenecían al antiguo INEM y que ahora están bajo el control de las comunidades autónomas. El personal que gestiona las prestaciones no ha sido desalojado de las mismas pero sufre importantes carencias de espacios y medios que también repercuten sobre la población desempleada. Una situación que impide la reconfiguración del organismo y la adaptación a la nueva realidad en la que le toca intervenir.
El sistema de protección por desempleo comienza a fracasar en todos los aspectos, tanto en su cobertura con una rebaja de más del 10% en el último año, la calidad de dicha cobertura sigue descendiendo y el nivel asistencial, el de importes más modestos, alcanza ya al 50% de las personas protegidas.
Si no se corrigen las deficiencias, el próximo trimestre puede producirse un derrumbe completo del débil sistema que garantiza el reconocimiento del derecho y el abono de las prestaciones por desempleo.
Como única solución, el Gobierno ha querido jugar al despiste y plantea en el reciente Real Decreto-Ley 10/2011 la integración en un solo organismo del SPEE y de FOGASA, los dos organismos más depauperados de la Administración del Estado y los que soportan las mayores cargas de trabajo derivadas del intenso proceso de destrucción de empleo que sufrimos en nuestro país. Integración que de realizarse se afrontaría sin corregir ninguno de los graves déficits estructurales que soportan el SPEE o FOGASA.
La decisión solo podemos calificarla de peligrosa ocurrencia sin fundamento, y de intentar darle cuerpo en dichas condiciones, provocará un colapso completo en el pago de todas las prestaciones dirigidas a las personas que pierden un empleo.
La gravedad de la situación del SPEE y la imposibilidad de abordar ningún tipo de proceso de negociación fiable, ha llevado a la representación de los trabajadores y trabajadoras del organismo a realizar un primer encierro en las dependencias del Ministerio de Trabajo e Inmigración con el objetivo de denunciar estas deficiencias y la exigencia de corregirlas.
Cincuenta delegadas y delegados de CCOO, CSIF, UGT y USO están encerrados en la entrada del despacho del Ministro de Trabajo e Inmigración para denunciar la situación del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y exigir soluciones.
La representación de los sindicatos CCOO, CSIF, UGT y USO, claramente mayoritaria en el organismo, se compromete a realizar todo el trabajo que sea necesario para superar los obstáculos que impiden diseñar las medidas que sirvan para corregir los problemas que se sufren en el Servicio Público de Empleo Estatal. Es indudable que, de persistir la cerrazón que hasta la fecha ha demostrado la Administración, el conflicto laboral será inevitable.
En el caso del Fondo de Garantía Salarial, este encierro es el paso previo antes del inicio de las movilizaciones que ya están marcadas en el calendario. Las Centrales Sindicales que aquí y ahora participamos en el encierro, estamos dispuestos a mantenernos en el mismo hasta conseguir que el Ministro de Trabajo dé la cara y explique cuál es la fórmula para que, tanto FOGASA como el SPEE no terminen quebrando en su gestión. Las condiciones de trabajo que actualmente se soportan en uno y otro Organismo, son insostenibles y las soluciones tienen que tener carácter de urgencia.
En el caso del Fondo de Garantía Salarial, este encierro es el paso previo antes del inicio de las movilizaciones que ya están marcadas en el calendario. Las Centrales Sindicales que aquí y ahora participamos en el encierro, estamos dispuestos a mantenernos en el mismo hasta conseguir que el Ministro de Trabajo dé la cara y explique cuál es la fórmula para que, tanto FOGASA como el SPEE no terminen quebrando en su gestión. Las condiciones de trabajo que actualmente se soportan en uno y otro Organismo, son insostenibles y las soluciones tienen que tener carácter de urgencia.
