La Intervención General de la Administración del Estado declara que carece de los efectivos necesarios para realizar los trabajos incluidos en el Plan Anual de Auditoría.
Mediante Orden Ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 13 de septiembre, La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), declara que carece de efectivos suficientes para hacer frente, a algunas de las actuaciones de control y auditoría previstas en el Plan Anual de Auditoría.
A través de esta declaración, lamentablemente convertida en habitual, la IGAE, organismo encargado de auditar las cuentas del sector público estatal, recurre un año más a la privatización de sus actividades como solución a la pérdida continua de efectivos, y poder cumplir con la normativa nacional y comunitaria en el plazo previsto.
En los últimos cinco años la IGAE ha visto reducida su plantilla en 241 efectivos, lo que supone un verdadero Expediente de Regulación de Empleo (ERE) encubierto, y al mismo tiempo, ha incrementado la privatización de sus actividades de control de las cuentas públicas.
Desde CCOO hemos denunciado está clara usurpación de funciones reservadas a empleadas y empleados públicos y el despilfarro económico de esta privatización de funciones, pues como avalan los datos de años anteriores, el coste de estos trabajos externalizados resultó un 35 % más caro que el mismo trabajo realizado por personal propio de la IGAE.
Esta práctica recurrente en nuestra administración es una prueba más de la incongruencia que supone la destrucción de empleo público. Bajo el paraguas de la austeridad y reducción de gasto lo que realmente se hace es derivar actividades públicas hacia el sector privado, multiplicando los costes y poniendo en riesgo la calidad e independencia de una administración pública que no debe estar sujeta a vaivenes políticos o de mercado.
