Mérida, 15 sep (EFE).- La supresión de los privilegios de los funcionarios que sean o hayan sido altos cargos y personal eventual de la Junta de Extremadura se contemplará ya en el articulado del presupuesto extremeño de 2012 y se blindará en la nueva Ley de la Función Pública que elaborará el Gobierno extremeño.
Así lo ha anunciado hoy el consejero de Administración Pública, Pedro Nevado-Batalla, en respuesta a una pregunta del diputado de IU Víctor Casco sobre esta cuestión y en la que el parlamentario formuló la petición de que la eliminación de estos privilegios se materializara en una ley para garantizarla en sucesivos presupuestos.
Nevado-Batalla ha explicado que esta situación se regulará de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, ya que los privilegios específicos que se contemplan en Extremadura suponen, a su juicio, un "agravio comparativo que hasta puede vulnerar el principio de igualdad".
En ese sentido, Víctor Casco ha considerado un "escándalo" que algunos funcionarios de la Junta pueden cobrar 1.000 o 1.500 euros más que sus compañeros al realizar las mismas funciones, por el simple hecho de haber ocupado un alto cargo en los sucesivos gobiernos del PSOE.
El consejero de Administración Pública ha respondido también a otra pregunta formulada por el diputado socialista Alfredo Escribano sobre el ahorro previsto de 200 millones de euros en el gasto de servidores informáticos.
En ese sentido, Pedro Nevado-Batalla ha destacado que la creación de un único centro de proceso de datos de Nube, que unifique toda la actividad en esta materia de la comunidad autónoma, permitirá evitar duplicidades y mejorará la eficiencia, además de que conllevará un "ahorro de costes importantes".
También a preguntas del Grupo Socialista, el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, ha vuelto a referirse a la situación de déficit de las cuentas de la Comunidad autónoma y ha dicho que para reducirlo, e intentar cumplir con el objetivo de 1,3 por ciento del PIB a finales de año, llevarán a cabo políticas de ahorro y contención del gasto.
Fernández ha insistido en la política ficticia a nivel de ingresos desarrollada por el anterior gobierno socialista, con partidas inexistentes o infladas, mientras que con respecto al gasto el nuevo Ejecutivo sólo tiene disponibles 1.300 millones de los 5.200 millones presupuestados este año, ya que el resto está comprometido.
Esto supone, según ha dicho, que el nuevo Gobierno del PP sólo podrá gastar 99 millones por mes, mientras que el anterior gastaba en torno a 667 millones mensuales.
PP y PSOE han vuelto a escenificar también sus diferencias en torno a la gestión económica en otras preguntas sobre educación y sanidad, ya que mientras los socialistas insisten en que se han producido recortes en las plantillas de profesores y en que la política de ahorro afectará también a la prestación sanitaria, las consejeras de Educación y Sanidad, Trinidad Nogales, y Jerónima Sayagüés, lo han rechazado.
Ambas han insistido en que se reducirá únicamente lo superfluo sin afectar a la calidad de los servicios.
