La mitad de los empleados públicos españoles pertenecen a las CCAA. TIENEN EN NÓMINA 288.000 CARGOS DE CONFIANZA Y PERSONAL INTERINO.
Las comunidades tienen en nómina a más de 1,3 millones de empleados públicos y, de estos, 288.844 son cargos de confianza o personal contratado interino, cuyo coste asciende a 12.300 millones de euros al año. El Ministerio de Hacienda y AAPP ha instado ya a “rebajar” las "sobredimensionadas" plantillas de las comunidades. Los cargos de libre designación y el personal con contrato laboral interino (146.098) son los colectivos con más posibilidades de sufrir ajuste, según ha publicado el Diario 5 DIAS.
Todos los responsables autonómicos saben que de aquí a final de año deben recortar sus números rojos en 15.600 millones de euros según el porcentaje que les corresponda; sin embargo, no tienen claro dónde meter el gran tijeretazo. Antonio Beteta, el Secretario de Estado de Administración Públicas, ya marcó el camino cuando afirmó que las plantillas de la Administración autonómica están sobredimensionadas. Beteta resaltó que, desde 2001, la Administración central ha reducido el número de empleados un 22%, mientras que en el mismo periodo las regiones han elevado sus plantillas un 44% y los ayuntamientos, un 39%.
Los entes territoriales alegan que el aumento responde al proceso descentralizador que ha vivido España. Sin embargo, Beteta sospecha que esta razón solo explica una parte del incremento y denuncia la existencia de estructuras clientelares vinculadas al gran número de empresas públicas. De media, el 10% de los asalariados españoles son funcionarios autonómicos. Este ratio se incrementa hasta el 16% en Extremadura. Es decir, de cada 100 trabajadores extremeños, 16 están en nómina de la Junta de Extremadura.
Las CCAA gastan cada año en torno a 57.000 millones de euros en pagar salarios públicos, el 40% de su presupuesto. Cada uno de los 1,3 millones de funcionarios supone un coste de 42.570 euros. Los cargos de confianza e interinos -por algún extraño motivo la estadística del Ministerio de Hacienda une a ambos colectivos bajo el epígrafe "otro personal"- ascienden a 288.844 empleados y suponen 12.300 millones del presupuesto anual de las comunidades. Este grupo es el que tiene más posibilidades de sufrir un recorte si los Ejecutivos autonómicos optan por seguir el consejo de Beteta y reducen personal, a corto plazo y con el objetivo de los ajustes del déficit.
Cataluña ya ha aprobado recortar los salarios públicos, e incluso anunció otro recorte adicional del 2%, una vía que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, descartó.
Hacienda también ha barajado la posibilidad de recortar una parte de la paga extra que reciben los funcionarios en junio y diciembre, una posibilidad que, por ahora, se ha descartado. Los analistas entienden que una medida como esa permitiría un ahorro en torno a los 6.000 millones. En cualquier caso, la vía abierta por Cataluña, que ha aprobado una rebaja adicional del 3% para los funcionarios que cobran de la Generalitat, podría extenderse a otras regiones ante la dificultad que supone rebajar el déficit autonómico en 15.600 millones de euros. De hecho, pese a todos los recortes aplicados en 2011, los números rojos se incrementaron ligeramente el año pasado.
Es necesario recordar que los empleados públicos de la AGE (personal funcionario, laboral y estatutario) percibimos, para similares trabajos y responsabilidades, entre un 15 y 20% menos de salario que las CCAA y ayuntamientos, hecho inadmisible en un estado de la UE.
