Las diferentes organizaciones de la Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de empleados públicos presentarán demandas de forma conjunta. En el caso del personal laboral, los sindicatos presentarán ante la Audiencia Nacional una demanda conjunta de conflicto colectivo, pues se rigen por el Estatuto de los Trabajadores. Los funcionarios, por su parte, harán esta reclamación a través de la vía contencioso-administrativa.
Carmen Barrera, secretaria de Acción Sindical de la Federación de Servicios de UGT y portavoz ayer de la Plataforma, aseguró en rueda de prensa que la decisión de llevar a los tribunales la eliminación de esta paga estaba tomada desde que se constituyó la plataforma, en agosto de 2012, si bien no se puede llevar a cabo hasta que no se produzca el devengo del pago.
Según la portavoz de la Plataforma, las más de treinta organizaciones que componen esta plataforma han rechazado la propuesta del CSIF, que sugería reclamar -como hará Extremadura con sus funcionarios- que el cobro de la paga de junio se adelantara a enero de 2013. "Sería conformarnos con un apaño. Lo que se nos paga no es un regalo, sino un derecho", ha afirmando la representante de UGT.
Lo que pretende el Gobierno extremeño, según explicó, es una "secuencia adelantada de pagos, que regulariza el completo abono". José Antonio Monago, tras la reprimenda de Rajoy que anunció que llevaría al Constitucional a los que no cumplieran la ley, precisó que la paga extra de diciembre "no se restituiría". Y así ocurrirá, pues lo que hará es adelantar, hasta 2015, el abono de las pagas que se venían cobrando en junio y diciembre a enero y julio, respectivamente. En 2015 será el Estado el que subsanará la pérdida de esa retribución a través de una aportación "en forma de fondo de pensiones" tal y como a adelantó el presidente del Gobierno cuando anunció este nuevo recorte a los empleados públicos que, según estimaciones de los sindicatos, han perdido hasta un 30% de su poder adquisitivo desde mayo de 2010.
El Ejecutivo vasco en funciones también anunció el 26 de noviembre que abonará la paga extraordinaria de Navidad a sus 67.000 funcionarios, uniéndose así a Extremadura en su rechazo al decreto del Gobierno central, aunque quedan excluidos de la medida el lehendakari, Patxi López, y sus consejeros.
Así lo confirmó la portavoz en funciones del Ejecutivo, Idoia Mendia. La portavoz afirmó que la suspensión de esta paga sería "injusta en el fondo y la forma" y ha aprovechado para valorar el "buen trabajo" de los trabajadores públicos. Además ha explicado que "la única posibilidad" que el Gobierno Vasco tenía para no aplicar el decreto del Ejecutivo central que suprimía dicha extra era haber aprobado en el Parlamento Vasco una norma que modificara la Ley de Presupuestos vigente en Euskadi.
También indicó Mendia que el Gobierno vasco ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el citado decreto y que será ese órgano el que tenga que decidir al respecto, un pronunciamiento que ya no afectará a este Gobierno, sino al futuro del PNV.
"Hemos tomado una decisión fundada en Derecho" y "basada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", reiteró Mendia, quien dijo desconocer qué informes jurídicos han utilizado otras administraciones vascas, como la Diputación de Bizkaia, para decidir no abonar la extra de Navidad a sus empleados.
Opinó que la supresión de esta paga tiene un "dudoso impacto sobre el déficit, "porque lo que se ahorra por un lado se pierde por otro", y censuró el "truco hábil" que utilizan "algunas administraciones" al situar a los empleados públicos como los "grandes culpables de la crisis" con el objeto de "recortar servicios públicos".
Con esta decisión, Euskadi se suma a Extremadura, gobernada por el PP, mientras que Navarra busca fórmulas para lograrlo y el resto de comunidades autónomas se decantan por aplicar el decreto del Ejecutivo central que suprime dicha retribución.
