miércoles, 31 de octubre de 2012

El Gobierno aprueba el reglamento que facilita el despido colectivo del personal laboral de las administraciones públicas.

• 700.000 empleados públicos laborales ven amenazados sus empleos, denuncia el portavoz de CCOO, Fernando Lezcano

• La medida justifica por si sola la convocatoria de la huelga general para el próximo 14 de noviembre, tanto en la Administración General del Estado como en el resto de administraciones

El Gobierno abre la puerta a los despidos colectivos en el sector público, privando incluso al personal afectado de la posibilidad de reducir la jornada o sufrir su aplicación de manera temporal., ya que el único método que contempla es la extinción de contratos o el despido.

El Real Decreto publicado ayer en el BOE regula el procedimiento de despidos colectivos y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Dicho reglamento incorpora un título completo dedicado al procedimiento aplicable al personal laboral de las Administraciones Públicas, por el cual se puede poner en marcha un despido colectivo en un ayuntamiento, comunidad, ministerio o un ente público con déficit y con un 5% menos de presupuesto. La normativa aprobad, empeora además notablemente los borradores conocidos hasta la fecha al rebajar al 5% la insuficiencia presupuestaria que en las primeras versiones exigía al menos el 10%, y a los que las organizaciones sindicales habían realizado alegaciones que no han sido consideradas.

Esta medida, que es consecuencia directa de la última reforma laboral, carga si cabe con más razones a los sindicatos para la convocatoria de la huelga general para el próximo 14 de noviembre, tanto en la Administración General del Estado como en el resto de administraciones territoriales.

Al respecto de la aprobación del RD, el secretario de Comunicación y portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, ha declarado que 700.000 empleados públicos laborales ven amenazados sus empleos, lo que además supone "una discriminación negativa respecto al sector privado", puesto que en éste antes de recurrir a despidos se pueden poner en marcha medidas de "flexibilidad", como ERE de reducción de jornada o temporales, algo que no ocurrirá en las administraciones.