La condición de asalariado asiste a la inmensa mayoría de las gentes que trabajan. Una parte de ellos percibe su retribución no de un empresario particular sino de la Administración: son los empleados públicos, es decir, aquellos que están al servicio de la comunidad porque así lo hemos creído necesario los ciudadanos y nuestros representantes políticos, intérpretes de nuestra voluntad, así lo han determinado. Y esto, que parece que debería ser objeto de una buena consideración social, deviene, por efecto de la crisis, paradigma de privilegio, ejemplo de desigualdad en tiempos adversos, causa justificada de agresión laboral.
Desde otro punto de vista, los empleados públicos son gentes que han hecho una opción laboral de carácter vocacional o, simplemente, buscaron quedar al margen de los vaivenes de una relación contractual privada. Generalmente, nunca su objetivo fue el de hacer fortuna. Incluso, en momentos de expansión y recaudación abundante, han sido objeto de cierta conmiseración, unos pringaos, conformistas, faltos de ambición. Vale, cualquier cosa menos unos usurpadores, pues buena parte de ellos obtuvieron su puesto de trabajo mediante una oposición, un concurso público o, cuanto menos, fueron contratados porque aquellos a quienes les hemos dado el poder de hacerlo, pensaron que hacían falta
Ahora, cuando vienen mal dadas, se nos pide solidaridad y comprensión. Los que usan tirantes nos obligan a apretarnos un cinturón al que, hacia la derecha, le van quedando pocos agujeros, salvo si la dieta obliga a comprimir un estómago que poco tiene que agradecer a estos que nos gobiernan desde hace más de 15 años con una frivolidad presupuestaria propia de gentes tan zafias como para preferir eventos temáticos a discreción intelectual.
¿De qué hemos de ser solidarios? ¿Con quién hemos de ser comprensivos? Es demagógico, manipulador y políticamente impresentable excitar la animadversión ciudadana, referirse a los millones de parados, a la precariedad laboral del sector privado frente a la seguridad de lo público, como si, de repente, la empresa privada se hubiera convertido en peligrosa selva para sus trabajadores.
Estamos en la acción política, es decir, en la toma de decisiones, para lo bueno y para lo malo. En pocos meses hemos elegido dos Gobiernos, el autonómico y el del Estado, que dicen saber el camino para protegernos de la que está cayendo. Nosotros los valencianos, con unos indicadores récord de lo peor en casi todo, de las cifras económicas al fracaso escolar pasando por la violencia machista, escuchamos a nuestros gobernantes decir que hay que cambiar el modelo productivo, que no podemos depender de ladrillo, sol y playa, que hemos de aspirar a ser un nuevo valle del silicio. Y para ello, amigos de la paradoja, lo primero que hacen es gastar menos en educación y en investigación.
Los funcionarios, los empleados públicos valencianos, los trabajadores de la Administración, de la sanidad, de la educación creo que no vamos a aceptar de buen grado convertirnos en los mayores paganos de los derroches promovidos por unos gobernantes a los que, si estuviéramos en la antigua Roma, les daríamos el imperium, es decir, el poder, porque lo han obtenido democráticamente, pero no la auctoritas, porque no merecen el reconocimiento intelectual y moral que se concede a quien se considera que tiene autoridad, superior criterio, capacidad para saber lo que es mejor para la comunidad.
Así es que, como estamos en la política, es legítimo protestar, discutir, negociar, no quedarnos callados, pasivos, resignados. El silencio o la inacción no garantizan el puesto de trabajo, ni en el sector público ni en el privado. Que se sepa que no comprendemos ni admitimos por qué tenemos que pagar, más que los que más tienen, la cuenta de unos desmanes que no hemos cometido. Podemos ser solidarios con los más desfavorecidos, pero no con los que después de haber fundido hasta el último euro, ahora dicen, sin rubor, que hemos gastado demasiado. ¿Qué hemos hecho para merecer esto?
Pascual Masiá es catedrático de Geografía e Historia en el Instituto de Educación Secundaria Benlliure de Valencia. (pascual.masia@uv.es )
Fuente: elpais
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