Ronda los 4.300 euros más complementos, una opción al paro en España.

El alto índice de paro y la reducción de la oferta de empleo público debido a los recortes presupuestarios están incrementando el flujo de españoles que optan por salir al extranjero para encontrar una alternativa laboral. Para quienes escogen esta vía, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación promueve la posibilidad de ser funcionario en los organismos internacionales, en especial, en la ONU y la UE.

Las oportunidades de trabajo en estas instituciones están abiertas a cualquier ciudadano, sin necesidad de ser funcionario en alguna de las administraciones públicas en España, si bien se requiere una determinada cualificación. En el caso de la ONU, es preciso ser licenciado superior, tener un excelente nivel de inglés y, al menos, acumular tres años de experiencia profesional.

La UE ofrece condiciones más flexibles, ya que para ser funcionario en sus instituciones, es suficiente con ser estudiante universitario en el último año de carrera o recién licenciado. Las condiciones económicas son favorables en los organismos comunitarios, donde el sueldo base de un nuevo funcionario ronda los 4.300 euros más complementos, mientras que en la ONU es poco más de la mitad.

Exteriores dispone en su sede de Madrid de una Unidad de Funcionarios Internacionales (UFI) encargada de promocionar la presencia de españoles en organismos multilaterales. También cuenta con una Unidad de Apoyo en la Embajada de España ante Bruselas con el mismo objetivo de actuar de punto de información y asesoramiento sobre las posibilidades de trabajo y las vacantes que convocan.

La primera recomendación que ambas oficinas hacen es que el proceso de selección del personal difiere notablemente del que se aplica en España.
"En la ONU y en la UE, el énfasis se pone en las habilidades y competencias de los candidatos y no tanto en los conocimientos. No hay un temario como en las oposiciones en España, ni es necesario tener un preparador o apuntarse a una academia", explican desde Exteriores.

En lo que respecta a Naciones Unidas, existen dos vías de acceso laboral: por examen o por candidatura. En el primer caso, es preciso tener menos de 32 años y contar con una experiencia mínima en una determinada área.
La ONU decide cada año qué países pueden organizar este examen. España ha estado durante diez años sin poder convocarlo, hasta que lo volvió a hacer en 2010.

En aquella ocasión, participaron 67 países y de los 130 nuevos funcionarios, 17 fueron españoles, el grupo más numeroso después de los estadounidenses. En 2011, España fue invitada de nuevo -los resultados no se conocen aún-, al igual que este año. La convocatoria de plazas se abrirá en julio y el examen suele hacerse en diciembre, el mismo día que en el resto de países.

España cuenta en la actualidad con unos 1.500 funcionarios en Naciones Unidas, una cifra destacada, aunque insuficiente en puestos directivos, según Exteriores. La otra forma de entrada en la ONU es por candidatura, opción en la que se suelen ofertar unos 400 puestos al año. Requisito imprescindible para acogerse a esta vía es presentar un currículum por Internet en el que quede perfectamente detallado el perfil técnico y laboral del candidato, así como lo que puede aportar en la especialidad a la que aspira.

Exteriores cuenta con una base de datos que cruza las vacantes que ofrece la ONU con los perfiles registrados, adecuándolos a los requisitos de los puestos. La UE también requiere la presentación de un formulario de candidatura electrónico y el conocimiento de al menos una lengua distinta a la vernácula.

Para superar la fase de preselección, es preciso hacer un test en el país de origen antes de pasar a la fase de evaluación en Bruselas. Los funcionarios de la UE se dividen en dos categorías: administradores y asistentes. Los primeros se dedican al análisis, asesoramiento y elaboración de políticas y a la aplicación de la legislación de la UE, mientras los asistentes realizan tareas más administrativas.

La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO, en sus siglas en inglés), lanzó el pasado jueves una nueva convocatoria para reclutar cerca de 300 funcionaros en distintos ámbitos -relaciones exteriores, derecho, auditorías, comunicación y administración pública.

El Gobierno no rebajará el sueldo a los funcionarios.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha indicado que el Gobierno no tiene en mente recortar empleo en el sector público ni aplicar una rebaja salarial a los funcionarios, pese a que tendrá que recortar hasta 5.000 millones de euros adicionales para ajustarse al objetivo de déficit del 5,3% que ha impuesto la UE.

   Durante el turno de réplica en el Pleno del Senado durante el debate del techo de gasto y el objetivo de déficit para 2012, Montoro aseguró que el Gobierno no es como el anterior Ejecutivo socialista, que recurrió a este tipo de medidas "sin pestañerar".

   Además, aseguró que "detrás de este tipo de recortes vienen siempre más problemas". "De la medicina anterior hemos quedado saturados", recalcó.

   Por otro lado, echó en cara al PSOE que esté insuflando "miedo" y "amenace" a la ciudadanía lanzando al aire la posibilidad de que el Gobierno tome esta serie de medidas.

   Por último, el ministro de Hacienda no escondió que el Gobierno planteará reformas en las administraciones públicas cuando se trasladen los Presupuestos a la UE.

Fuente: europapress

Funcionariado: las víctimas se presentan como culpables

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

Fuente: Francisco J. Bastida | Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Oviedo.

RETRIBUCCIONES 2012 LABORALES Y FUNCIONARIOS.

Aquí os dejo las actuales retribuciones y la estructura de los Ministerios.

• 120206_Retribuciones_Laborales.pdfVer Descargar
• 120206_Retribuciones_Funcionarios.pdfVer Descargar
• 120206_Estructura_Ministerios.pdfVer Descargar

Y para comparar con el año pasado, tambien os dejo el enlace de las retribucciones del 2011:

110126Retribuciones_Funcionarios_AGE_2011.pdf

Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia.

Francisco J. Bastida

Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

 

Fuente: Ine.es/opinión de Francisco J. Bastida, catedrático de derecho constitucional.

RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS AGE 2011.

Aquí os dejo el cuadro de retribuciones para los funcionarios de la Administración General del Estado para este año 2011:
(Ver) o (Descargar)