La denominada Comisión de expertos nacía condicionada por la pretensión del Gobierno de adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad al año 2014, cuando la ley vigente contempla esta posibilidad para el año 2032.
La Comisión Ejecutiva Confederal y los secretarios y secretarias generales de las estructuras confederales de CCOO, en la reunión celebrada hoy 11 de junio, han analizado el Informe de los Expertos sobre el “Factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones” y la situación creada ante la votación favorable al mismo del experto vinculado a CCOO. La Confederación Sindical de CCOO es consciente del desconcierto que tal situación está generando entre la opinión pública y nuestros afiliados y afiliadas, y ha acordado emitir la siguiente declaración:
1.- El informe de los expertos no recoge la posición de CCOO sobre el futuro de las pensiones y en ningún caso nos sentimos vinculados a él
El Gobierno planteó la presencia del coordinador del Gabinete Económico de CCOO, por ser una persona de reconocido prestigio en materia de pensiones y Hacienda pública y no como representante del sindicato. La dirección del sindicato autorizó su presencia por considerar que era conveniente que en la citada comisión hubiese la mayor pluralidad posible, y con ello evitar posiciones cerradas por parte de los expertos, que dificultasen cualquier negociación posterior.
Su participación ha permitido que se abandonase la idea inicial de cambiar sustancialmente la naturaleza de nuestro sistema de reparto, que se plantee que la viabilidad del sistema se puede garantizar por la vía de la mejora de los ingresos, y que la decisión recaiga en el ámbito de la política una vez activada la negociación en la comisión parlamentaria conocida como Pacto de Toledo y en el diálogo social.
No obstante, y a tenor de la imagen proyectada, la Dirección Confederal asume que cometió un error al haber aceptado la participación de una persona asociada al sindicato en una comisión profundamente desequilibrada y que podía nacer condicionada por la pretensión del Gobierno de adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad al año 2014, cuando en la ley vigente esta posibilidad se contempla para el año 2032.
Es por esta razón que la Comisión Ejecutiva Confederal desea afirmar con rotundidad que en este informe no está recogida la posición del sindicato y que, en consecuencia, no nos sentimos reflejados ni vinculados a él.
2.- La reforma que promueve el Gobierno no es necesaria
2.1.- La nueva Ley de Seguridad Social vigente desde hace apenas cinco meses y fruto de los acuerdos suscritos en febrero de 2011 ya aborda mecanismos para garantizar la sostenibilidad del sistema, y en concreto prevé la determinación del factor de sostenibilidad para el período 2027-2032 para empezar a aplicarse a partir de esta fecha.
CCOO considera que las dificultades por las que ahora atraviesa nuestro sistema, que han obligado a recurrir al Fondo de Reserva, se deben a la destrucción de empleo que provoca la crisis y el modelo productivo español, que además se ve agravada por las políticas laborales llevadas acabo por los sucesivos Gobiernos (reforma laboral, depresión de los salarios, congelación del salario mínimo, congelación de las pensiones,…) lo que provoca una reducción drástica del número de cotizantes y de las bases de cotización; a su vez, supone una caída significativa de los ingresos a las arcas de la Seguridad Social. Esta circunstancia, como ya hemos planteado, puede superarse incrementando temporalmente las cotizaciones o los recursos públicos destinados a la Seguridad Social.
Por tanto, no está justificado que circunstancias coyunturales se utilicen como excusa para promover un nuevo y sustancial cambio estructural de nuestro sistema público de pensiones. La verdadera razón que mueve al Gobierno a plantear ahora esta reforma es satisfacer las demandas de la Comisión Europea en cumplimiento de las condiciones del rescate al sistema financiero.
2.2.- CCOO en ningún caso avalará medidas que supongan una reducción de las pensiones presentes y futuras
En consecuencia, desde el compromiso con el sistema de pensiones y la necesidad de adaptar el mismo de forma consensuada a las necesidades que presenta, cuestionamos que se tenga que introducir, sin respetar los términos contemplados en la legislación vigente, un nuevo elemento para el cálculo de la pensión y que este esté asociado a la “esperanza de vida”. Igualmente cuestionamos que la revalorización de las pensiones deje de estar referenciada a la evolución del IPC y que se deje sin efectos la Ley que contempla el citado principio.
2.3.- CCOO siempre ha estado comprometida con la viabilidad de nuestro sistema público de pensiones como hemos demostrado suscribiendo todos los acuerdos que se han negociado hasta la fecha, pero recuerda que con esa finalidad, hemos propuesto incrementar los ingresos a la Seguridad Social, y descargar a esta de gastos que le corresponde asumir a los PGE.
Es indispensable tener presente que estamos tres puntos y medio del PIB en gasto en pensiones por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Mientras en España gastamos un 10% del PIB la media europea se sitúa en el 13,5.
Junto al incremento de ingresos que nos equiparasen a la media europea, tradicionalmente hemos venido planteando medidas de incremento de la contributividad en el sistema, más solidaridad, mayor equidad en las prestaciones, mejor protección social de amplios colectivos infraprotegidos y mayor control de comportamientos inadecuados (fraude y elusión de obligaciones).
En todo caso CCOO reitera que la mejor garantía de futuro para nuestro sistema es estimular la creación de empleo así como su calidad, empezando por incrementar el salario mínimo interprofesional.
3.- CCOO emplaza al Gobierno a concretar la propuesta que someterá a consideración del Pacto de Toledo y del diálogo social
Ya hemos conocido el dictamen de los expertos pero cabe recordar, como ellos mismos reclaman, que corresponde a la política tomar las decisiones. Para ello sería necesario haber dejado tiempo suficiente para evaluar los resultados prácticos de las potencialidades de las medidas que contempla la presente legislación.
En todo caso, nadie puede pretender abordar ningún proceso de diálogo, si no es una vez conocida la posición que va a plantear el Gobierno.
Es por esta razón, y para superar la incertidumbre que cunde entre la ciudadanía, que CCOO emplaza al Gobierno a que cuanto antes dé a conocer su propuesta para el diálogo político y social.
Madrid , 11 de junio de 2013
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Las graves inundaciones que está sufriendo gran parte de Extremadura y lo que aún puede venir, no es sólo culpa de la lluvia, como nos quieren hacer creer los políticos y medios de comunicación afines, sino que han intervenido otros factores, que a continuación se detallan.
RECORTES PRESUPUESTARIOS
Por un lado, el Estado ha recortado a la mitad el presupuesto de obras hidráulicas, de 3.398 millones (2010) a 1.446 (2013), con una fuerte rebaja en las inversiones de las Confederaciones Hidrográficas (de 572 a 384 millones). Además, en los últimos años, la mayoría de este presupuesto ha ido a desaladoras, trasvases y abastecimiento de aguas, no a obras anti-riadas.
Los recortes presupuestarios están frenando obras que podrían evitar algunas riadas, daños y muertes. Así ocurre por ejemplo con el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH),que es el sistema que permite conocer las variables hidrológicas e hidráulicas de una cuenca hidrográfica y sus infraestructuras. Una de las grandes fortalezas de este sistema es que todos estos datos se reciben en tiempo real. El germen del SAIH fueron las catastróficas inundaciones de 1982 en la zona mediterránea y 1983 en la franja Cantábrica. Así pues, el objetivo del SAIH era informar en tiempo real de la evolución de las variables meteorológicas e hidrológicas a los ingenieros de explotación para diseñar las maniobras de desembalse adecuadas a fin de mitigar los efectos de las avenidas.
Pero en esta importante herramienta para prevenir inundaciones también está sufriendo el efecto de la reducción de presupuestos, llegando incluso a suprimir en algunas cuencas los SAIH. ¿Y qué ocurre con el SAIH del Guadiana?
El Consejo de Ministros, con fecha de 10 de siembre de 1999, autorizó la celebración del contrato para la realización de las obras correspondientes del proyecto del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAHI) de la Cuenca Hidrológica del Guadiana, por un presupuesto de ejecución de las obras de 7.906.440.904 millones de pesetas.
Una vez realizadas las obras correspondientes, mediante Resolución de la Dirección General del Agua se anunció el concurso para la contratación de servicios para el mantenimiento, conservación y explotación del sistema automático de información hidrológica (SAIH) en la cuenca del Guadiana.
La Resolución de la Dirección General del Agua hizo público la adjudicación del concurso de servicios para el mantenimiento, conservación y explotación del sistema automático de información hidrológica (SAIH) en la cuenca del Guadiana.
La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, aprobó y declaró de interés general la obra de "Implantación del sistema automático de información hidrológica (SAIH) de la cuenca hidrográfica del Guadiana".
Posteriormente se anuncio la adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Servicio Complementario nº 1 del contrato de Sevicios de mantenimiento, conservación y explotación del sistema automático de información Hidrológica SAIH en la Cuenca del Guadiana.
Sin embargo, desde diversos foros de Internet se lleva tiempo denunciando el fin del contrato del mantenimiento del SAIG Guadiana y que la Web del www.saihguadiana.com lleva tiempo sin funcionar, con lo cual no se puede obtener importantes datos que se ofrecían de la situación del río.
Desde el propio Twitter de SAIH del Guadiana se puede leer este comentario publicado el 4 de junio de 2012:“Por haber finalizado el contrato de mantenimiento y conservación del SAIH Guadiana, no se puede garantizar la validez de los datos. Por este motivo se suspenden los servicios que ofrece el portal http://www.saihguadiana.com hasta que se puedan reanudar dichos trabajos”.
¿Si no se dispone del programa de información encargado de captar, transmitir en tiempo real, procesar y presentar aquellos datos que describen el estado hidrológico e hidráulico de la cuenca del Guadiana, como de puede gestionar adecuadamente los desembalses y evitar estas inundaciones?
A esto se añade otro importante recorte en prevención: la Agencia Española de Meteorología le han reducido un 32,6% su presupuesto desde 2011. Y esto por no hablar ya que no se limpian los cauces ni se hacen obras contra las riadas, por los recortes (las inversiones en obras hidráulicas se han reducido a la mitad desde 2010) y la especulación urbanística que ha propiciado que los Ayuntamientos han permitido construir en los cauces de los ríos y en zonas inundables.
Ahora todos estos recortes van a salir bastante caros, no solamente a los afectados sino a la propia Junta. Así, anuncia hoy la vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, Cristina Teniente, que el Ejecutivo destina tres millones de euros del Fondo de Contigencia para la reconstrucción de las zonas afectadas por las inundaciones.
NEGLIGENCIA Y FALTA DE PREVISIÓN.
La Junta de Extremadura no activó el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones por desbordamientos de los ríos hasta las ocho de la tarde de ayer. Son numerosas las críticas ante la tardanza por activar este Plan que ya funcionaba en otras comunidades y ante la crecida continua de los ríos. La gente que llamaba para preguntar sobre posibles riesgos apenas recibía información y la descoordinación entre Administraciones era evidente.
Igualmente es general la crítica a la CHG por abrir las presas a última hora y sin previo aviso, cuando parece más razonable, ante el lleno casi total de las presas y las lluvias previstas a medio plazo abrir poco a poco y evitar o al menos aminorar las inundaciones. Aquí se especula con la negligencia de la confederación o los intereses de las compañías eléctricas.
En este sentido el alcalde de Villanueva de la Serena ha denunciado la situación que se está viviendo en Villanueva y en las entidades locales menores, especialmente en Entrerrios, debido al desembalse, “sin previo aviso”, de la presa del Zújar. Añade que es cierto que este año está siendo muy lluvioso pero que esta situación ha sido provocada por una negligencia de Confederación por lo que deben hacerse responsables.
INTERESES Y BENEFICIOS DE LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS.
Es ya conocido que la energía hidráulica producida en España proviene de embalses que fueron construidos en la década de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado por el régimen franquista. Se dieron en concesiones de 75 años de duración, no pagando el uso del agua que es un bien público y que se usa para beneficio privado. Las empresas privadas eléctricas pagan al Estado por estas concesiones entre 10/20 millones de euros anuales sacando un gran beneficio.
La intensa lluvia caída las últimas semanas no sólo ha servido para llenar casi al cien por cien los embalses extremeños, sino que también ha permitido generar una ingente cantidad de energía eléctrica. Por ello se especula la presión y los intereses económicos de estas empresas para esperar a desembalsar en el último momento. En este sentido son significativas las declaraciones del alcalde de Villanueva sobre los devastadores efectos de estas inundaciones: “Un escenario desolador y catastrófico que ni los más mayores recuerdan, y que ha sido fruto de la falta de previsión de Confederación Hidrográfica del Guadiana a la hora de desembalsar, ya que es más fácil utilizar las turbinas para producir energía y al final han tenido que desembalsar a toda prisa”.
Por todo lo expuesto, se hace necesario que los responsables de la Junta de Extremadura y la CHG den las oportunas explicaciones, aclaren lo sucedido y asumen las consecuencias de sus actos y no intentar acallar las críticas con migajas de indemnizaciones por los cuantiosos daños sufridos. Y por supuesto la oposición debe pedir que se abra una investigación de lo sucedido y se depuren las pertinentes responsabilidades.