Condiciones genéricas e imprecisas
No es la única imprecisión de los pliegos, prácticamente idénticos en todas las licitaciones, tanto del Tajo como del Guadalquivir. En alguna de las primeras sólo se exige a la adjudicataria que aporte los trabajadores “de distintas cualificaciones [si concretar más] que seannecesarios para el correcto desarrollo del contrato”. Y en el listado de las tareas que deberá desarrollar la empresa se incluye un apartado-cajón de sastre de “actividades varias”.
“Las condiciones de los pliegos deben ser siempre lo más precisas posibles, no pueden dar lugar a ninguna ambigüedad”, recalca Julio Tejedor Bielsa, profesor de Derecho Administrativo y miembro del Observatorio de la Contratación Pública. Quizá consciente de ese hecho, el subdirector general de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura, Álvaro Aznar Forniés, respondió al primer escrito de CCOO que había instado a la Confederación Hidrográfica del Tajo a hacer “una definición clara de las actividades” que las empresas contratadas deben llevar a cabo, “a fin de eliminar eventuales situaciones de inseguridad jurídica y duplicidades en la prestación del servicio público”. También le recordó al organismo de cuenca las normas dictadas en 2012 por el ministerio para evitar la cesión ilegal de trabajadores, un delito por el que cada año acumula numerosas denuncias la Administración pública. Y por el que con mucha frecuencia es condenada.
Precisamente ése es uno de los peligros de que CCOO advirtió a los responsables del ministerio en sus escritos. Los pliegos del contrato no especifican tampoco qué tareas corresponden a los empleados de la contrata y cuáles a los empleados públicos. Sólo dicen que las confederaciones cuentan con unas “dotaciones mínimas de personal”, que seguirán desarrollando “unas determinadas actividades”, sin mayor precisión, una vez más, y que deberán “integrarse, únicamente a efectos de programación, en el equipo de asistencia”. Si se integran ambas plantillas, incurren en cesión ilegal de trabajadores. El ministerio explica que los empleados de las contratas sólo “complementan las tareas realizadas por el personal de las confederaciones hidrográficas en el día a día de la gestión”.
¿Con rebajas 'temerarias'?
Otro aspecto que llama la atención en los contratos de las confederaciones hidrográficas es el precio final de la adjudicación. El valor de los cinco pliegos del Tajo suma 9,53 millones de euros. Pero se adjudicaron a ofertas que en total equivalen a cinco millones. Es decir, con una reducción del 47,5%. Los cuatro del Guadalquivir suponen 18,33 millones, pero terminaron en manos de empresas que ofrecieron 11,68 millones, un 36,25% menos. En el caso de las presas y embalses de Jaén, el contrato más voluminoso, con 15 instalaciones hidráulicas, el descuento fue del 41,5%. Cualquier bajada más allá del 30% es inusual y puede considerarse “temeraria”, explica el profesor Tejedor Bielsa.
De hecho, en el caso del Guadalquivir, las mesas de adjudicación pidieron a la mayoría de las empresas que justificaran sus ofertas porque incluían importes “anormales o desproporcionados”. Todas ellas fueron finalmente excluidas. Aun así, las adjudicaciones finales incluíandescuentos superiores siempre al 30%. Julio Tejedor atribuye estas diferencias entre el valor del contrato y su precio final a la mala calidad de los pliegos de las licitaciones. En todos los casos, se trata del mismo texto, según puede comprobarse consultando la web de la Plataforma de Contratación del Estado. El pliego es “uniforme para la administración hidráulica”, apunta la portavoz de Agricultura.
Además, mucho más caros
CCOO denunció ante el Ministerio de Agricultura que las confederaciones hidrográficas estén utilizando las partidas de inversiones reales (el capítulo IV del presupuesto) para suplir sus
deficiencias en recursos humanos, que deberían correr a cargo del capítulo I, de personal.
Eludiendo así la congelación del gasto en este apartado que el Gobierno ha impuesto para reducir el déficit público, por un lado. Y duplicando el coste, por otro. Mientras el coste del jefe de unidad aportado por la empresa se eleva a 174.564 euros para tres años de contrato, según consta en la licitación de los contratos del Guadalquivir, el sueldo de un empleado público equivalente, de acuerdo con su convenio colectivo, es de 110.675 euros, asegura el sindicato, un 36,6% más barato.
Agricultura creó el año pasado un grupo de trabajo, integrado por la Subdirección General de
Recursos Humanos y la Dirección General del Agua, que debía elaborar un plan para “optimizar” el personal disponible en los organismos de cuenca. Según CCOO, el grupo aún no ha hecho avance alguno en esa tarea.
Fuente: BEGOÑA P. RAMÍREZ Actualizada 22/06/2014 a las 20:31
