Ni los más viejos del lugar recuerdan algo parecido. En un “más difícil todavía” y como si estuviéramos en un circo de tres pistas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha lanzado, en un triple mortal carpado y con tirabuzón, a impugnar ante el Tribunal Constitucional que el Gobierno vasco pague la extra de Navidad a los funcionarios de esa comunidad autónoma, lo que supone un desembolso de 207 millones de euros.
Nadie ha presentado más recursos ante el Constitucional que el PP, que cada vez que pierde algo en el Parlamento lo quiere arreglar por la puerta de atrás. Pero, lo chocante del caso -perla jurídica que brillará con luz propia durante años- es que el Gabinete popular se ha sacado de la chistera la impugnación intencional o preventiva.
Me explico. Hasta ahora, para presentar un recurso o un conflicto de competencias era imprescindible un acto, es decir, que alguien hubiera adoptado una decisión que se hubiera plasmado, por escrito, en una resolución.
Sin embargo, no hay ningún acto que el Gobierno vasco en funciones haya adoptado y que, por tanto, se pueda impugnar. Lo único que ha habido es una conferencia de prensa, tras el Consejo de Gobierno del 27 de noviembre, en la que la consejera portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendía, anunció que se iba a pagar.
En la citada reunión se trató de la cuestión y se estudió un informe jurídico en el que se concluía que el Gobierno central, al adoptar el decreto de supresión de la paga extra había invadido competencias del Ejecutivo vasco (Rajoy puede imponer la contención del déficit, pero no las medidas de cómo hacerlo, que competen al Gabinete de Patxi López).
Informe Jurídico REAL DECRETO LEY 20_2012
Por tanto, el Consejo de Gobierno decidió no hacer nada y continuar con lo que ya estaba previsto en los Presupuestos de 2012, lo que supone que no hay un acuerdo o resolución material en el acta del Consejo, que el Gobierno central pueda impugnar.
Mendía explicó, además, que no había habido tiempo material para resolver la contradicción entre la Ley de Presupuestos vasca, que aprobaba la paga, y el Real Decreto Ley, que la suprimía, puesto que este se aprobó en julio pasado, cuando el Parlamento Vasco ya estaba de vacaciones y no pudo volver a reunirse, porque fue disuelto el 21 de agosto.
Y el Gobierno de Rajoy, con el aval del Consejo de Estado, ha planteado un conflicto de competencias “intencional”, porque recurre contra las manifestaciones de Idoia Mendía, pero no contra una disposición del Consejo de Gobierno. Ese es el salto mortal.
A la vista del cariz de los acontecimientos, no se descarta que, si ahora se recurre la voluntad de hacer, en el futuro se recurra el pensamiento. Orwell no está tan lejos, después de todo.
Y todo es un gran despropósito, porque, por si no lo saben, se da la circunstancia de que la Comunidad Autónoma Vasca ya cumple con el objetivo de déficit que persigue la supresión de la paga extra a los 67.000 funcionarios del País Vasco. Es decir, que la medida es innecesaria para el fin que persigue.
Sin embargo, pocas cosas hay más perras que la envidia. Y los agravios comparativos generan toneladas de enfado y resentimiento. ¿Se imaginan lo que puede sentir un funcionario de Galicia, Murcia o Andalucía al saber que los del País Vasco pueden cobrar la paga extraordinaria de Navidad y ellos no?
Pues solo con que el Constitucional admita a trámite el conflicto de competencias, ya paralizará por cinco meses, prorrogables, el abono de la paga.
De modo que esta pelea, aunque sea un sinsentido jurídico, el Gobierno de Rajoy la tiene ganada, y por goleada, desde el punto de vista de los sentimientos. Tanto es así, que, crecidos como están y con el estilo habitual, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ya ha calificado la paga de “ilegal” y ha amenazado con procesos penales a quienes decidan pagarla.
Así que es muy probable que, por ese mismo sistema, se cercene la intención de Extremadura, Navarra o Bizkaia de burlar el real decreto por la vía de adelantar al 2 de enero la paga de verano, y a julio la siguiente de Navidad, y así sucesivamente.
Claro que, por el mismo procedimiento de recurrir las intenciones, el Gobierno de Rajoy podría también impedir el referéndum que Artur Mas se plantea celebrar sobre la independencia de Cataluña.
Ya saben, como en el mejor estilo del estadista Aznar cuando en 1996 repatrió a 103 inmigrantes subsaharianos narcotizados con haloperidol a países que no eran los suyos: “Teníamos un problema y lo hemos solucionado”.
Giulio Andreotti, que fue presidente del Consejo de Ministros de Italia en tres ocasiones, aseguraba un poco en esa misma línea: “Gobernar no consiste en solucionar problemas, sino en hacer callar a los que los provocan”. Sin embargo, Andreotti, uno de los políticos más escurridizos de la segunda mitad del siglo pasado, también hubiera dicho en este caso: “Manca finezza” (falta finura).
Fuente: elultimorecurso.es
